Aplazan aprobación de Código Forestal en Brasil

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El debate entre ambientalistas y productores rurales en el pleno de la Cámara de Diputados de Brasil, previsto para la semana anterior, no ocurrió debido a los desacuerdos en el seno del gobierno sobre el nuevo Código Forestal.

La búsqueda de un mínimo consenso en torno a las reglas que orientarán la conservación de las selvas y bosques naturales hizo que el informe del diputado Aldo Rebelo se convirtiera en una colcha de retazos, debido a las numerosas concesiones a todas las partes.

La principal de ellas a la “bancada ruralista”, compuesta por productores rurales o legisladores vinculados a esa actividad, quienes buscan modificaciones mínimas.

Del lado opuesto están los militantes en defensa del medio ambiente apoyados por el Partido Verde, quienes promueven el establecimiento de normas duras y penas más severas para quienes no preserven la naturaleza en sus propiedades.

Además de estos protagonistas, existen otros grupos con intereses específicos, como diputados en el sur de Brasil, donde la mayoría de los inmuebles rurales son pequeñas propiedades familiares.

Estos reivindican un papel mucho más decisivo para los gobiernos provinciales, en la legislación ambiental, alegando que las reglas válidas para grandes haciendas en la Amazonia no lo son para minifundios familiares en el estado de Santa Catarina (sur).

Teóricamente, el gobierno no tendría dificultades para imponer su voluntad en cualquier medida legislativa, ya que la coalición de partidos que apoya a la presidente Dilma Rousseff cuenta con amplísima mayoría.

Cuando se votó el carácter de urgencia de la votación sobre el Código Forestal, que es de interés del gobierno, la votación mostró claramente esa mayoría, con 399 votos favorables contra sólo 18 en contra.

Los diputados del sur, aunque integren la base política del gobierno, se ven obligados a defender los intereses de sus electores, cuyas propiedades se ven amenazadas por las llamadas Areas de Preservación Permanente (APP).

Entre ellas están las márgenes de cursos de agua, por lo menos 30 metros de cada lado, para ríos con hasta 10 metros de ancho, y un mínimo de 500 metros, para los que que tengan más de 600 metros de ancho.

En una gran propiedad, esa exigencia no significa mucho, pero en una granja familiar de 20 hectáreas cruzada por un pequeño arroyo, puede representar hasta 15 por ciento de la superficie y las tierras más fértiles.

También son APP las cuestas con declive de más de 45 grados, los manantiales, los topes de cerros y todas las áreas situadas a más de 1.800 metros de altura.

Además, en todas las propiedades del país debe conservarse la vegetación nativa en por lo menos el 20 por ciento de la superficie, exigencia que sube a 35 por ciento en las áreas de “cerrado” (sabana) y a 80 por ciento en la Amazonia.

Por añadidura, en aquellas propiedades donde deforestó una superficie mayor que la autorizada, el propietario será obligado a replantar la vegetación, excepto en las que tengan menos de cuatro módulos fiscales, de cinco a 100 hectáreas, según la región.

Basta con los casos mencionados para entender la amplitud y diversidad de los intereses contrariados y la oposición al Código, que obligó al relator Rebelo a hacer muchas concesiones para tratar de conseguir un texto consensual.

De todas formas, la imposibilidad de llegar a tal acuerdo hizo postergar la votación que, en la visión del vicepresidente Michel Temer, sólo deberá ocurrir dentro de una o dos semanas más.(Xinhua)

16/05/2011

Tomado de:

http://spanish.people.com.cn/92121/7380802.html