Mundo: Publican ¿Qué es REDD?. Una guía para las comunidades indígenas

reddTabla I:  Iniciativa de REED En Latino América y el Caribe

Tomado de:

http://www.servindi.org/actualidad/34742

Servindi, 30 de noviembre, 2010.- En momentos en que se debate en la Cumbre de Cancún las amenazas y las oportunidades que significan los mecanismos financieros para reducir las emisiones ocasionadas por la deforestación y degradación (REDD) aparece una publicación que pretende contribuir a dar respuestas a estos dilemas.

Se trata de: ¿Qué es REDD? una guía para las comunidades indígenas, un texto editado por Christian Erni y Helen Tugendhat, con la colaboración de Eleonor Baldo-Soriano, Joan Carling, Raymond de Chávez, Tom Griffiths, Francesco Martone, Sille Stidsen y Victoria Tauli-Corpus.

La guía tiene como objetivo apoyar los esfuerzos para crear conciencia en los pueblos indígenas sobre los asuntos de REDD+. La guía no pretende ser exhaustiva, pero se espera que junto con otras fuentes de información resulte informativa señala la publicación.

La guía trata de descomponer parte de la jerga y de la terminología compleja en partes más accesibles. Está acompañada por un módulo de entrenamiento para su utilización en el desarrollo de capacidades y ejercicios de entrenamiento.

El libro en español ha sido auspiciado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) , la Alianza de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), el Programa de los Pueblos de los Bosques (FPP), la asociación Tebtebba y Servindi.

El documento fue actualizado en 2010 para tomar en cuenta los aspectos rápidamente cambiantes de las políticas de REDD y la cantidad cada vez mayor de nuevas iniciativas de REDD a nivel internacional y nacional.

El libro puede ser descargado con un clic en el siguiente enlace:

Introducción

Los científicos informan que la tala de bosques y los cambios en el uso de la tierra provocan entre el 12% y el 18% de las emisiones anuales globales de dióxido de carbono. Frenar la deforestación y la pérdida de bosques se ha convertido, por lo tanto, en una parte importante de los esfuerzos globales para limitar el cambio climático. Las discusiones intergubernamentales sobre las medidas necesarias para disminuir el ritmo de la deforestación y proteger los bosques que todavía quedan se están llevando a cabo dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde los gobiernos buscan un acuerdo legal sobre reglas e incentivos económicos para la Reducción de Emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD+).

Negociaciones de las Naciones Unidas sobre la REDD+ Las negociaciones de la REDD+ continúan en el marco del CMNUCC y llegarán a un punto crítico en el próximo encuentro de la Conferencia de Partes (COP16), que tendrá

lugar en Cancún, México, en diciembre de 2010. Sin embargo, la posibilidad de llegar a un nuevo pacto global sobre la REDD+ en Cancún está lejos de ser algo seguro. Esto se debe a que aún no hay consenso entre los gobiernos sobre las partes críticas de un futuro acuerdo global, incluyendo cómo debería financiarse la REDD+.

Los países desarrollados como EEUU y miembros de la UE junto con algunos gobiernos de países en desarrollo como Panamá y Colombia defienden un financiamiento de mercado para la REDD.

Por otra parte, países influyentes con densidad forestal alta y gran deforestación, como Brasil, recomiendan que los programas de bosques y climas sean financiados principalmente con fondos públicos, con límites claros para minimizar el uso del financiamiento de mercado.

Al mismo tiempo, entre los movimientos sociales latinoamericanos e internacionales hay un creciente escepticismo y rechazo de los mercados de carbono, tal como se expresa en los documentos producidos en ocasión de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra celebrada en Cochabamba, Bolivia, en abril de 2010.

Apoyados en todo el mundo por el movimiento de justicia climática, países como Bolivia están pidiendo que se respete la Madre Tierra y los derechos de los pueblos indígenas, una reducción importante en las emisiones industriales y financiamiento internacional para la protección de los bosques a través del pago de la deuda ecológica y climática por parte de los países industrializados (1).

Necesidad de garantías más sólidas:

Al mismo tiempo, los pueblos indígenas continúan reclamando respeto total a sus derechos en línea con las normas internacionales de derechos humanos en cualquier futuro acuerdo de REDD, incluyendo normas mínimas consagradas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2).

Mientras que hubo avances en cierto reconocimiento de la necesidad de incluir garantías sociales, el borrador de propuestas de la CMNUCC sobre el asunto de las garantías todavía contiene una serie de baches serios. Por eso, una gran cantidad de organizaciones y líderes de los pueblos indígenas planean asistir a Cancún para presionar por compromisos intergubernamentales más fuertes sobre la necesidad de proteger los derechos humanos.

Impactos potenciales de las políticas de REDD+

Gran parte de los bosques naturales que permanecen intactos en América del Sur y Central (como en otras partes del mundo) están ubicados en las tierras ancestrales y consuetudinarias de los pueblos indígenas y de los habitantes tradicionales de los bosques. Los diversos valores económicos, ambientales, sociales, espirituales y culturales del bosque preservan el sustento y las formas de vida de millones de indígenas de la región. Al igual que los parques y áreas protegidas, las políticas y programas de REDD podrían tener un impacto directo sobre los derechos y el sustento de los pueblos indígenas, ya que estas políticas de protección del clima dictarán qué se podrá hacer y qué no en los bosques y cómo estos serán administrados.

Existe un riesgo genuino de que unas políticas de protección del clima y de los bosques defectuosas puedan debilitar, u oponerse a, los compromisos intergubernamentales sobre el respeto de los derechos humanos, la reducción de la pobreza y la buena gobernanza. Si para financiar la REDD se utilizan soluciones falsas como los créditos de carbono y los países industrializados no reducen sus emisiones, entonces existe el riesgo adicional de que el cambio

Climático global avance sin controles y los bosques de Latinoamérica y otros lugares sufran un daño climático que genere sequías, incendios forestales, pérdida de diversidad biológica y pobreza.

Por otra parte, si se aplican los enfoques basados en los derechos en todas las medidas destinadas a promover la protección y el uso sustentable de los bosques, si los derechos de los pueblos indígenas son reconocidos en su totalidad, y si el financiamiento sustentable es puesto en su lugar, entonces las nuevas políticas hacia los bosques y el clima podrían ofrecer oportunidades para resolver asuntos de derecho territorial de larga data y promover una conservación comunitaria de los territorios y una administración de los bosques de base comunitaria.

El establecimiento de mecanismos justos para compartir los beneficios, y el reconocimiento y retribución del rol de administradores de los pueblos indígenas podría también ofrecer una oportunidad para proveer beneficios locales directos.

¿Negocios como siempre?

A mediados de 2010, sin embargo, las políticas nacionales emergentes de REDD en la mayor parte de América Central y del Sur siguen sin definirse y todavía no queda claro qué dirección tomarán las políticas de REDD. Ya hay signos perturbadores, sin embargo, de que los gobiernos no están dispuestos a hacer reformas significativas y que las políticas de REDD estarán dirigidas sobre todo a beneficiar al Estado y a poderosos intereses creados. Los diseñadores de políticas parecen estar tratando la REDD sólo como otra fuente de ingreso adicional para los departamentos gubernamentales de medio ambiente y bosques (ver abajo), los cuales están afirmando la propiedad sobre los bosques, incluyendo bosques ubicados en tierras tradicionales de los pueblos indígenas (p. ej., Perú, Guyana, Surinam). (3)

Hay además preocupantes indicadores de que algunos gobiernos podrían restringir el acceso y el uso de recursos tradicionales bajo los esquemas de REDD. En la mayoría de los casos, sin embargo, los gobiernos no están explicando aún cómo las políticas de REDD podrían o no afectar el sustento y los derechos a los recursos de los indígenas. Este gran bache de información plantea serios problemas en relación con la necesidad de respetar el derecho a un consentimiento libre, previo e informado (CLPI): ¿cómo pueden las comunidades decidir si las políticas de REDD son buenas o malas para ellas si no saben cómo se verán afectadas.

Iniciativas nacionales de REDD:

Mientras las negociaciones sobre la REDD continúan en la ONU, muchos gobiernos latinoamericanos están buscando subsidios del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques

(FCPF) del Banco Mundial y del Programa UNREDD para estar preparados para futuros programas nacionales de REDD. Quince países de América Central y del Sur son miembros del FCPF del Banco Mundial, mientras que siete son parte del Programa UNREDD.

A pesar de que existen grandes problemas con la legislación nacional, que no respeta los derechos territoriales de los pueblos indígenas ni el consentimiento libre, previo e informado, Perú es además país piloto, y está previsto que reciba fondos a gran escala para implementar la REDD en el marco del nuevo Programa de Inversión Forestal del Banco Mundial (FIP).

Al mismo tiempo, diez países de la región forman parte de la Asociación para la REDD Interina, una asociación internacional que promueve el financiamiento para la “puesta en marcha” de la REDD –una iniciativa que ha recibido muchas críticas por no asegurar una participación significativa y efectiva de los pueblos indígenas y la sociedad civil (tabla 1)-. (4) Varios  países, incluido Colombia, se encuentran actualmente en búsqueda de financiamiento del programa sobre “Administración Forestal Sustentable y REDD+” del Fondo Mundial para el Medioambiente (GEF).

 

Tabla I:  Iniciativa de REED En Latino América y el Caribe

 

Falta de consulta y tratamiento adecuado de los asuntos relacionados con los derechos

En varios países de la región, los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas se quejan de que los gobiernos están desarrollando planes de preparación para la REDD para el FCPF sin una consulta previa significativa y violando el derecho al consentimiento libre, previo e informado.(5) En Perú, por ejemplo, las organizaciones indígenas han rechazado las propuestas de REDD del gobierno enviadas al Banco Mundial y han condenado al Ministro de Medioambiente por no asegurar una consulta adecuada con los pueblos indígenas.(6)

En varios países de la región, existe una creciente frustración debido a que el gobierno y los donantes están ignorando o cajoneando las reiteradas recomendaciones y propuestas constructivas para acciones prioritarias de preparación para la REDD sobre asuntos de derecho territorial y CLPI (por ejemplo, en Guyana). Las organizaciones indígenas criticaron igualmente al FCPF por no asegurar la implementación adecuada de sus políticas de resguardo en el proceso de desarrollo por parte del gobierno de las propuestas de preparación para la REDD. (7)

Políticas contradictorias:

A lo ancho de la región, los pueblos indígenas señalan las fuertes contradicciones en las políticas de gobierno que siguen promoviendo la extracción mineral y de hidrocarburos a gran escala, la tala industrial, las plantaciones a gran escala y megaproyectos de infraestructura relacionados con la construcción de rutas, grandes represas hidroeléctricas y proyectos de interconexión eléctrica. Muchos de estos esquemas tienen el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo bajo programas como la Iniciativa para la integración de la infraestructura regional en Sudamérica (IIRSA) y el Plan Puebla Panamá (PPP).

Estos planes de desarrollo a gran escala amenazan con fragmentar los bosques, provocar la apertura de fronteras remotas que permitirían el saqueo de tierras y la colonización, y violar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Fondos bilaterales:

Además de los fondos multilaterales del Banco Mundial y la ONU, varios países están buscando también acceso al financiamiento de REDD a través de donantes bilaterales (Tabla 1). En 2008, Brasil firmó un acuerdo con el gobierno de Noruega para establecer el Fondo para el Amazonas, que otorgó subsidios para proyectos locales de protección forestal. A mediados de 2010, aún no se ha financiado ningún proyecto de base comunitaria debido a los complejos procedimientos de aplicación utilizados por el Banco Nacional de Desarrollo brasileño (BNDES), que es la sede del fondo de REDD. Las organizaciones de la sociedad civil de Brasil piden ahora un subfondo específico para apoyar los proyectos de administración y conservación forestal más pequeños, de base comunitaria, mediante reglas y procedimientos más accesibles.

En noviembre de 2009, el gobierno de Guyana firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) con Noruega bajo el cual los fondos bilaterales de la REDD serán canalizados a través de un Fondo de Inversión de REDD de Guyana (GRIF). El GRIF será administrado por el Banco Mundial como fideicomiso intermediario.

Las organizaciones indígenas expresaron su preocupación ante la existencia de pocas garantías sólidas de que se exigirá que los fondos noruegos desembolsados bajo el GRIF cumplan plenamente con las políticas de resguardo del Banco Mundial.(8) La Asociación de Pueblos Amerindios (APA) hizo una petición directa a Noruega para que tome medidas para asegurar que su financiamiento para la REDD+ no socave las obligaciones de Guyana de respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.(9)

¿Mejores prácticas?

En una nota más positiva, bajo el programa UNREDD emergieron, en unos pocos países, prácticas progresivas en la planificación preparatoria para la REDD nacional. En Panamá, el Programa UNREDD no autorizó un proyecto de un Programa Nacional Conjunto preparado por el gobierno hasta tanto éste pudiera demostrar una consulta previa efectiva con los pueblos indígenas (aunque sigue habiendo preocupaciones respecto a la aplicación efectiva del FPIC en Panamá).

En Paraguay, la presión persistente del CAPI logró el compromiso del ministerio de medioambiente y del instituto nacional forestal de que la propuesta preparatoria de UNREDD deberá contener un capítulo dedicado a los asuntos de los pueblos indígenas, incluyendo una serie de garantías mínimas sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el derecho al consentimiento libre, previo e informado. El desafío es ahora asegurar que el gobierno y las agencias de la ONU cumplan en la práctica con sus compromisos sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En términos de implementación práctica, el Programa Sociobosques financiado por el estado ecuatoriano demostró cumplir con las mejores prácticas en algunos casos a través del apoyo directo a los planes indígenas de base comunitaria para el desarrollo forestal y comunitarios basados en visiones locales y leyes consuetudinarias (aunque en otras áreas, el mismo programa forestal es criticado por estar impuesto desde arriba y por no tratar temas relacionados con el derecho).(10)

Iniciativas subnacionales de REDD

Mientras los ministerios de medioambiente y los departamentos forestales de los gobiernos están desarrollando planes preparatorios de REDD y probando programas de protección forestal a nivel nacional con fondos públicos, las ONG conservacionistas internacionales y locales están avanzando en el desarrollo veloz de proyectos locales que buscan vender créditos al mercado voluntario de carbono.

Las organizaciones de los pueblos indígenas, incluidas CAPI y ACIDI en Paraguay, mostraron serias preocupaciones de que los proyectos locales de REDD de comercio de carbono están proliferando a un ritmo alarmante con poca o ninguna regulación del Estado.

También se quejaron de que el derecho al consentimiento libre, previo e informado haya sido violado y de que los asuntos relativos a los derechos a la tierra hayan sido ignorados.

En Perú, los líderes indígenas critican al gobierno por dar mensajes ambiguos sobre la REDD: por un lado, informan que aun no se ha decidido nada, pero por el otro permiten que las inversiones locales y extranjeras de REDD sigan adelante con poca o nula vigilancia.

En Colombia, los pueblos indígenas, incluidos los uitoto del Putumayo en la región amazónica, fueron contactados por “cowboys” del carbono que buscaban hacer contratos fraudulentos con comunidades indígenas para comprar su carbono forestal. A lo largo de la región, existen serios riesgos de que los pueblos indígenas terminen atrapados en contratos de carbono falsos o injustos.

Crecen los interrogantes sobre la falta de transparencia, poca diligencia y atención superficial a los asuntos de derechos en proyectos voluntarios de REDD. El análisis de los proyectos de REDD de carbono que alegan mantener los estándares voluntarios sociales y ambientales revela señales preocupantes de que las certificadores están prestando demasiada atención al cumplimiento de las leyes nacionales -que a menudo no protegen los derechos indígenas a las tierras consuetudinarias y a los recursos, mientras que las obligaciones del país de acuerdo con el derecho internacional son dejadas de lado (p.ej., proyectos locales de REDD en Perú).

Complejidad y confusión (¿desinformación?)

El cuadro de las políticas y acciones de REDD en América Latina es por lo tanto complejo.

Las actividades relacionadas con la REDD se desarrollan rápidamente en distintos niveles, mientras que en el campo las personas en las comunidades tienen todavía poca o ninguna información sobre las nuevas políticas forestales y climáticas. Pocos indígenas en las comunidades entienden lo que podría significar la REDD+ para sus derechos e intereses y muchos sólo oyeron hablar de los supuestos “beneficios” por parte de las ONG conservacionistas.

Muchos en las comunidades indígenas todavía no saben qué significa “carbono” y aun están tratando de entender por qué personas de afuera se acercan a sus comunidades para hablar del “comercio del carbono”. Hay además una confusión generalizada respecto a la diferencia entre los proyectos nacionales de preparación de REDD y los futuros programas nacionales de REDD. La diferencia entre las políticas nacionales de REDD y los proyectos locales es también a menudo confundida tanto por el gobierno como las ONG.

A pesar de la falta de información a nivel local y de la información confusa, las organizaciones indígenas y los líderes son cada vez más concientes de que las políticas de REDD pueden suponer serias amenazas para sus pueblos. A lo largo de la región, organizaciones regionales de los pueblos indígenas, como COICA, y organizaciones nacionales están buscando crear capacidad y conciencia en sus comunidades sobre la REDD y sus derechos.

Recalcan que las medidas de REDD fracasarán a no ser que incluyan medidas para tomar en cuenta las preocupaciones y recomendaciones de los indígenas y realizar acciones para defender los derechos colectivos, implementar garantías y enfrentar las causas sub